En Ciudad Juárez, cinco guarderías permanecen cerradas desde hace más de 90 días. No por decisión de los padres, ni por falla de los prestadores, sino por procesos legales en curso que aún no arrojan pruebas concluyentes, pero que ya han causado estragos humanos, económicos y sociales.
Presunción sin certeza
Varias trabajadoras han sido detenidas. Algunas expuestas en medios sin sentencia alguna. No hay condenas, pero ya hay consecuencias. Mientras tanto, los centros permanecen cerrados. Las familias, sin atención infantil. Las empleadas, con medio sueldo. Y los responsables de las guarderías, sufragando gastos de operación sin ingreso alguno. Todo esto en nombre de una justicia que aún no comunica avances claros ni ofrece garantías visibles para todos.
El silencio institucional
El IMSS, autoridad que regula el sistema, no ha explicado a los padres qué ha pasado, ni por qué las guarderías siguen cerradas. Las respuestas que piden las familias no han llegado. Y la confianza, como la infancia, también es frágil. Si no se habla con claridad, el vacío lo ocupa el miedo, el rumor y la condena pública sin pruebas.
Un servicio digno de defensa
Los prestadores del servicio infantil en Juárez han demostrado voluntad de cooperación. Entregaron bitácoras, grabaciones, protocolos. Pero hasta hoy, lo que han recibido es cierre, duda y desgaste. La justicia exige equilibrio, pero también requiere humanidad. Cuidar niños no debería volverse una actividad de alto riesgo legal sin respaldo institucional ni garantías mínimas para quienes lo hacen día a día.
Este no es un llamado a negar las investigaciones. Es un grito para que no se condene sin escuchar. Que no se cierre sin explicar. Las guarderías merecen ser escuchadas porque su silencio también afecta a quienes más queremos proteger: los niños y niñas de Ciudad Juárez. Y protegerlos, empieza por restaurar la confianza en el cuidado que reciben y en la justicia que todos esperamos ver.
